Este plan debería entrar en vigor el próximo 1 de septiembre y, según Pere Navarro, director general de este organismo, se desconoce todavía cuanto durará la moratoria.

La decisión de retrasar la puesta en marcha de la medida, que fue incluida el año pasado en el Plan Especial de Seguridad Vial para Motos y cuyo objetivo es reducir la siniestralidad entre los motoristas, se ha tomado ante la presión de la industria, que advirtió que se hundirían las ventas y aumentaría el paro en el sector.

El requisito obligatorio, que está incluido en este mismo plan, de pasar un examen teórico y otro práctico para poder conducir un ciclomotor, sí se pondrá en práctica a partir de la fecha fijada.

La moratoria cuenta con la opinión en contra de organizaciones como Stop Accidentes, cuya presidenta, Ana María Campo, comentó que «esta decisión se ha tomado atendiendo los intereses de la industria y no los de la seguridad vial». La semana pasada los fabricantes de ciclomotores y motocicletas pidieron que el aplazamiento se prolongara hasta 2013.

La medida se produce cuando se cumplen dos años de la entrada en vigor del carné por puntos, una iniciativa que el club de automovilistas Racc juzgó ayer positivamente pero que, afirmó, no debe llevar a la relajación, especialmente en medidas como la necesidad de modernizar las carreteras o hacer más transparente información propia de la DGT, como los ingresos generados por las sanciones.

El responsable de Tráfico, Pere Navarro, respondió que «a pesar de haber aumentado el presupuesto en conservación y mantenimiento de carreteras en un 60%, siempre hay cosas pendientes», informó Beatriz Roselló.

Según el Racc, la reforma del Código Penal, que entró en vigor el pasado mes de diciembre, está teniendo un impacto muy importante en la reducción de muertes en carretera y en su coste económico, donde el ahorro total, entre muertos y heridos graves y leves, asciende a los 1.524 millones de euros.