MADRID.-Las empresas fabricantes de ciclomotores, quads y motocicletas, lanzaron el jueves 10 de julio un mensaje de socorro al Gobierno para que afloje la presión que ejercen sobre su negocio nuevas políticas de seguridad vial y medio ambiente como el próximo aumento a 15 años de la edad mínima para conducir un ciclomotor o el tipo fiscal máximo del 14,75% que grava la compra de quads.
Los representantes de esta industria, que se ubica fundamentalmente en Cataluña y da empleo a 25.000 personas, describieron un panorama crítico en su negocio: las ventas de motocicletas y ciclomotores podrían caer hasta un 40% en el conjunto del año, sobre todo por la falta de demanda de ciclomotores, que representan casi la mitad de la producción del sector.
El descenso más dramático, según Anesdor -la asociación que representa los intereses de este sector-, será el de los vehículos quad, cuyas ventas podrían caer hasta un 70%, lo que se traduciría en unas cifras de 7.800 unidades en el conjunto del año.
Además de por sus propias características técnicas, la proliferación de este tipo de vehículos en los últimos años se debió a que ocupaban una zona gris tanto desde el punto de vista fiscal como desde el de su uso en pistas y carreteras. La nueva normativa les ha impuesto severas restricciones.
Los fabricantes de motos reclamaron igual trato que los de automóviles a la hora de que la Administración promueva un plan de achatarramiento de los vehículos más viejos del parque e incentive la compra de nuevos. En realidad, fueron más allá, al señalar que el transporte sobre dos ruedas es mucho más eficiente que el que se hace sobre coches tanto en términos de consumo de combustible como de espacio en las ciudades.
La producción de este tipo de vehículos ya está cayendo en un 15% respecto al año pasado y está teniendo repercusión en el empleo de las fábricas, según explicó el presidente de Anesdor, Juan Carlos Andrés.
El aumento de la edad mínima para conducir ciclomotores es visto por estas empresas como un desastre inminente que no tiene justificación desde el punto de vista de la seguridad vial y pide cinco años de moratoria para aplicar la medida. «Si lo que pretende Interior es lanzar un mensaje, puede salir caro, porque la industria que desaparece lo hace para siempre».